El asesinato de trece trabajadores mineros en un socavón de Pataz, región La Libertad, ha generado múltiples reacciones en el país. Los trabajadores fueron hallados muertos el domingo 4 de mayo. Sus cuerpos presentaban signos de tortura y disparos en la cabeza. El hecho ha sido vinculado a bandas criminales relacionadas con la minería ilegal que operan en la zona.
Antonio Pulgar, gobernador regional de Huánuco y secretario de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), expresó a Inforegión su preocupación frente al avance de estas organizaciones delictivas. “No podemos dar un espacio a la delincuencia, al terrorismo urbano, si queremos podemos llamarlos sicarios, extorsionadores”, declaró.
Gobiernos regionales alistan propuesta
Pulgar informó que, desde la ANGR, se viene trabajando una propuesta para enfrentar el avance de la minería ilegal. Según dijo, la iniciativa ya ha sido comunicada a la presidenta de la República. Recalcó también que este problema requiere una respuesta unificada.
El 4 de mayo, la ANGR emitió un comunicado en respuesta a la masacre de 13 trabajadores en Pataz, exigiendo acciones inmediatas del Gobierno Central para enfrentar la creciente crisis de seguridad en la zona. En su pronunciamiento, los gobernadores pidieron una convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) en Pataz, para abordar la escalada de violencia que ha sobrepasado la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales.
Asimismo, la ANGR solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas y la instalación de una base militar permanente en la región. Los gobernadores también demandaron una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la masacre. «Pataz es un caso crítico que demanda acción inmediata, coordinación entre instituciones y voluntad política. No habrá desarrollo sostenible sin seguridad», concluyó el pronunciamiento.
Minería formal y minería ilegal
Consultado sobre las recientes autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa canadiense Hannan Metals Limited para actividades de exploración en Huánuco, Pulgar hizo una distinción clara entre minería formal e informal. “La minería legal es fundamental mientras se cumpla con todos los procedimientos que establece la normatividad”, indicó.
No obstante, advirtió sobre los mecanismos usados por operadores ilegales para encubrir sus actividades. “Estos mineros ilegales explotan y se hacen de la plata de nosotros a costa de perjudicar a todos estos pueblos, por ejemplo, a nuestros hermanos nativos”, sostuvo.
El gobernador de Huánuco también instó al Congreso de la República a aprobar normas que permitan enfrentar de manera efectiva a las mafias vinculadas a la minería ilegal. “El Congreso no puede parpadear. No podemos estar dilatando el tiempo para tomar decisiones firmes”, manifestó.
Pulgar consideró que la situación actual exige medidas urgentes y coordinadas. En su región, según comentó, ya se han sostenido reuniones para evaluar estrategias de intervención ante el crecimiento de actividades ilegales en zonas como Tingo María y Puerto Inca.
